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10 de octubre de 2019

"Lo que puedo decir de forma pública es menos del 10% de lo que vivo a diario"

El Hormiguero dialogó con María Laura Martí, que fue designada para desempeñar tareas en la Oficina de Código de Convivencias y removida de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación.


"Estoy de licencia, por lo tanto no tengo comunicación con nadie del ministerio, me enteré por un rumor. Y solamente de lo que me tocaba a mí. Entiendo que eso es una notificación oficial, y así me enteré yo. Luego de eso sucedió todo lo que trascendió en los medios. En esa información se indica que dejó de formar parte de la fiscalía que llevo adelante, junto con el doctor Apullan".

"Luego de haber logrado varias condenas, detenciones, una gran cantidad de presos e investigaciones bien llevadas, me corresponde trasladarme a esa fiscalía".

"El código de convivencia de sancionó hace poco y lo que tiene la diferencia básicamente es que las acciones que se cometen no son pasibles de recibir una condena si no que son contravenciones, en donde se les puede imponer multas o hasta 10 días de arresto. Es más que nada para sostenimiento de la paz social".

"Yo creo que lo clave está en que fue intempestivo, tengo una fiscalía con una gran cantidad de investigaciones bien hechas y encaminadas, sin ninguna observación por parte de la defensa, por lo que no entiendo porque se produce ese traslado".

"(La denuncia por violencia laboral) Comenzó contra el doctor Arietti por una serie de manifestaciones ante el fiscal general, contestaciones no fundamentadas legalmente. Luego viendo que no hubo actividad, en los últimos meses del año 2018 me vi obligada a presentarla en la Corte Suprema de Justicia. En la corte nunca he recibido una notificación o un número de legajo pero la denuncia está presentada".

"A mí criterio y ya saliendo de mí función, la ley de acoso laboral es completa, es autosuficiente, es clara y concisa. Y me parece que la personas que la incumplen son pasibles de estar cometiendo un abuso de autoridad en su función".

"Ingresé a fines del 2015 y no, nunca me imaginé que este nivel de violencia institucional iba a ser tan elevado, y más respecto a mi, como mujer. Más aún siendo fiscal. Y mucho menos por la relación que había establecido en su momento con mí jefe. Nunca me imaginé que por cumplir con mí trabajo y hacer lo que corresponde iba a recibir semejante destrato por parte de la institución que yo defiendo". 

"No es grato para mí trabajar de esta forma, yo vengo con las mejores intenciones de que se reestablezca el orden social pero es imposible trabajar así. Lo que puedo decir de forma pública es menos del 10% de lo que vivo a diario, y ellos pueden certificar cada cosa que yo digo. Por un lado tratas con delincuentes y por otro lado están esperando que cometas un error para desacreditarte. Es un grado de violencia institucional muy grande".

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